Me convencí que una nueva constitución no es una varita mágica que hará de nuestro país, como por arte de magia, menos pobre o de pronto potencia mundial. Para que la nación sea próspera y ofrezca mejores condiciones de vida a sus ciudadanos depende de múltiples factores. Sí, claro, entre ellos los instrumentos de gestión, quizás la constitución, pero responderán más a la calidad de sus gobernantes, líderes, dirigentes, instituciones y habitantes que apunten a ese objetivo. Sin embargo, la constitución fujimorista tiene un origen ilegítimo, que pese al paso del tiempo y el maquillaje legalista, jamás podrá ser olvidada. Apostar por darle una salida democrática a ese desencuentro nos unirá.
Por Yonel Rosales
Si mañana mi familia y yo decretáramos que a partir de la próxima semana seremos millonarios, ¿será posible?, ¿dependerá de otros factores o basta con que lo declaremos en un papel? Algo similar se podría decir de una constitución aplicada al país. Para utilizar un ejemplo concreto, Pedro Castillo. No por tanto alardear, discursear a favor de las mayorías, hizo algo interesante, alguna medida defendible en pos del cambio que prometió, ojo, gobernó un año y medio. “No más pobres en un país rico”, resultó solo un cuentazo que a miles ilusionó. Una nueva constitución no terminará con la corrupción, ni las nuevas leyes evitan el robo al Estado, todo responde a quiénes aplican la justicia o ejercen el poder. Si la constitución lo prohíbe, siempre habrá una ley, un decreto, una reformar o alguna justificación para que los vende patrias haga negocios.
No obstante, el origen ilegítimo de la constitución del 93 es una razón incuestionable para cambiarla. La derecha, los grupos de poder, si fueran razonables, serían hidalgos de reconocer que esta constitución es producto de un golpe de estado, parida por un gobierno antidemocrático. Tras haber cerrado el congreso, intervenido el sistema de justicia, acallado a los líderes opositores, haberlos amedrentados y abusado de todo su poder, Alberto Fujimori convocó a la asamblea constituyente del 93. ¿Una constitución nacida en estas condiciones puede ser considerada democrática? En cambio la constitución del 79 es producto de un consenso, escrita por líderes históricos que trascienden hasta nuestros días. Lo que no se puede decir de la constitución fujimorista.
El fujimorismo, la derecha, los grupos de poder y sus medios de comunicación machacan infinidad de veces la santidad de la constitución del 93. Aunque la revistan de legalidad, adornen con encuestas a favor y la maquillen de bondades, la gente no olvida el origen de este documento. Ese nacimiento ilegítimo, lo que significa el fujimorismo y las oscuras historias en torno al documento, como que está hecha solo para los ricos, la hacen inaceptable. Pese a reiterados gritos de los manifestantes y estudios de opinión que lo confirman, los medios ningunean, vapulean a sus voceros. La última encuesta del IEP halló que un 69% de la población respalda una asamblea constituyente. Un 40% considera que se debe cambiar la constitución y otro 45% que solo debe ser modificada. Si sumamos estas dos últimas cifras, tenemos a un 85% de personas disconformes con la constitución fujimorista.
La derecha no acepta esta realidad, ni con el paso de las décadas, logra borrar los hechos. Por lo contrario, las leyendas negras sobre el documento crecen, más cuando se entercan en admitir. Esa derecha, aunque no lo reconozca, recién con el expresidente Castillo, cayó en la cuenta que esta constitución blinda a un presidente corrupto. ¿Por qué será?, obvio, porque fue hecha a medida de Fujimori. Pese a lo evidente de las falencias de la constitución fujimorista, solo aceptan reformas beneficiosas a su sector. Si tuviéramos una derecha honesta, ni los llamados liberales dan la talla, aceptarían ir a un debate por una nueva constitución legítima. Donde lo bueno del 93 se mantenga y se cambie lo que esté mal. El origen de una nueva constitución democrática, la haría incuestionable en su parto. Así se atendería una causa justa que miles reclamamos. Terminaríamos con el instrumento que utilizan los extremistas para seguir dividiendo el país.