En esta época de Emergencia Sanitaria, Pasco recibió S/ 74´197, 479 en los distintos niveles de gobierno, para la atención e implementación de medidas y planes de contingencia, principalmente a lo relacionado al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios de salud ubicados en el departamento, y a mitigar los efectos sociales para las poblaciones vulnerables afectadas por la emergencia sanitaria.

Llama mucho la atención que a la fecha la Contraloría General de la República emitió más de 100 informes relacionados al Control a la Emergencia Sanitaria COVID-19”, donde alertó presuntos hechos de corrupción en diferentes entidades públicas de la región Pasco. Son 35 entidades del Estado que fueron supervisadas por los auditores de la Contraloría que tenían como misión evitar que se cometan irregularidades o posibles actos de corrupción.

En casi todas las intervenciones se ha detectado y develado oportunamente el mal uso de fondos asignados para combatir la pandemia.

Entre los principales resultados del control, tenemos que en 21 gobiernos locales de Pasco se supervisó la adquisición y distribución de canastas de víveres, donde se evidenció el padrón de beneficiarios desactualizado, deficiencias en el almacenamiento y compra de los productos, presuntas firmas falsas de beneficiarios, entre otros que fueron advertidos en los distintos informes de control. Además, se alertó que más de 100 funcionarios y/o servidores públicos que no se encuentran dentro de la categoría de pobreza habrían recibido canastas de víveres, a pesar que no se encontraban dentro de la población vulnerable.

Por otra parte, la situación de los hospitales es preocupante, toda vez que en una primera visita que realizó la Contraloría evidenció que los ambientes destinados para la atención de los pacientes con COVID-19 aún se encontraban en proceso de implementación, instalación y habilitación. En una visita reciente se alertó un posible desabastecimiento de oxigeno medicinal para atención de pacientes COVID-19, ante el incremento de contagiados que llegan a los hospitales de EsSalud Pasco y Huariaca; así como el hospital regional Daniel Alcides Carrión.

La sobrevaloración en la adquisición de materiales de limpieza y equipos de protección personal fue otro de las situaciones advertidas por el máximo órgano de control. Muchos de los informes fueron tomados de insumo por la Procuraduría Pública Anticorrupción para formular sus denuncias penales ante el Ministerio Público.      

Lo evidenciado no solo causa la indignación de la ciudadanía, sino la advertencia de la magnitud de la falta de capacidad de los gestores públicos, de la inconducta funcional y la corrupción, que si “en tiempos normales” afectan los ámbitos económicos, sociales y políticos del Estado, “en tiempos de COVID-19”, estos daños serían mucho más graves pues podrían, incluso, haber sido un factor de vida o muerte.

De acuerdo un Informe de Gestión de Control Gubernamental en la Emergencia Sanitaria, elaborado la Contraloría General de la República, Pasco es una de la regiones más afectadas por la corrupción y la inconducta de malos funcionarios y servidores públicos. El perjuicio económico producido al Estado ocurre principalmente por sobrevaloraciones, pagos injustificados, entre otros de similar importancia.

Finalmente debemos precisar que no solo la Contraloría debe enfrentar la lucha contra la corrupción, sino otras entidades como el Ministerio Público, Poder Judicial y otros involucrados por su misma función.